hemofilicos denuncian

Los contagiaron con hepatitis C y sida: piden que se haga justicia.

La batalla legal data de 1991. Los damnificados afirman que por utilizar un coagulante rechazado en los EE.UU. y Japón por inseguro, que estaba infectado, se contagiaron 211 personas. Fue en la Fundación para la Hemofilia. Más de la mitad ya murió, y siete sobrevivientes que abrieron una nueva causa exigen justicia. Presentaron un recurso en el INADI para que se les amplíe la cobertura médica y para que se agilicen las indagatorias a testigos –dos ya fallecieron– e imputados. También denuncian amenazas y una cadena de encubrimientos. Le apuntan al Opus Dei. Vivir con la muerte en la sangre.

Por Clarisa Ercolano

“Ayúdeme porque mis hermanos se están muriendo y nadie nos escucha.” Ese fue y es el pedido constante de Gladis Vera, la hermana de Carlos y Rubén Vera, dos de las 211 víctimas oficiales de lo que llaman “el terrorismo sanguíneo”. Los hermanos Vera y otros cinco denunciantes son hemofílicos y realizaban sus tratamientos en la Fundación para la Hemofilia, que trabaja conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina (ANM). Allí, fueron infectados con VIH, hepatitis C o con ambos virus cuando, según sus dichos, les suministraron un coagulante rechazado en Japón y los EE.UU. por no haber cumplido los requerimientos de seguridad. De acuerdo a las estadísticas elaboradas por los damnificados, desde 1991, año en que nació la primera demanda, más de la mitad de esas víctimas falleció: hemofilia más sida o hepatitis C son un camino casi seguro a la muerte. “La cadena de contagio es imposible de seguir, esposas, novias, hasta hijos, estas personas no sabían que estaban infectadas”, reflexiona Gladis.

Los pocos que quedan deben tomar medicamentos de por vida y casi todos corren riesgo de muerte. Esos mismos, siete en total, presentaron ante el INADI la semana pasada un recurso para que se amplíe la cobertura social a los contagiados de hepatitis C, para que se les brinde la atención necesaria, ya que ninguno quiere volver a tratarse en donde fueron contagiados, y también para que se pidan informes de la situación procesal que explique por qué el juez Claudio Bonadío demora la indagatoria a testigos e imputados en esta nueva causa, que ya acumula 16 cuerpos de expediente, vidas y sueños truncados.

Bonadío se hizo cargo de la causa en 2006. “En dos años y medio nunca citó a nadie”, se quejaron los letrados Gustavo Giadone y Marta Rojas. Durante ese lapso ya murieron dos testigos, “tememos que los denunciantes se mueran antes de llegar al juicio, queremos probar que este delito es de lesa humanidad para que no prescriba”.

Con los pesados cuerpos del expediente que los abogados mostraron a PERFIL de modo excepcional (por temor a que sean robados no se guardan en el estudio), damnificados y representantes legales dicen que ésa “es la prueba del horror”. “La causa está frenada, porque hay mucho dinero en juego y porque Miguel de Tezanos Pinto, asesor científico de la ANM y de la fundación, está ligado a la agrupación religiosa Opus Dei que le brinda protección”, subraya uno de los letrados. Además, agrega que tanto a Tezanos Pinto como al otro imputado, el director ejecutivo de la fundación Raúl Pérez Bianco, los defienden los mismos abogados que actuaron en la causa de apropiación de bebés en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

Desde la Fundación para la Hemofilia Pérez Bianco dijo que “de esa causa no voy a hablar, lo haré en el ámbitoa correspondiente”. Respecto del por qué de los contagios, el médico explicó que “de hepatitis C se contagiaron no sólo los hemofílicos sino todos los que recibieron sangre, plasma o derivados hasta 1990, año en que se descubrió el virus”. Al ser consultado por las infecciones con HIV se limitó a decir que ese tema “ya fue debatido”.

Carlos Vera tiene sida además de hepatitis C, contagió a su esposa y a uno de sus hijos. No tiene trabajo ni le alcanza la pensión que cobra para vivir. “No puedo seguir así, no puedo caminar ni dos cuadras, me impiden atenderme en otros lugares, perdí más de doce kilos y ningún dentista me recibe por miedo.” A su lado, su hermano Rubén, que también contrajo ambas enfermedades, está nervioso, se siente mal. “A mí me pasó lo mismo que a él”, es lo único que musita mientras no para de moverse en su silla.Luis Echaren tiene hepatitis C y asegura que “este genocidio está tapado”. “Los directores médicos sabían que el producto estaba contaminado”, continúa diciendo. A su lado, Jorge Remón, también con hepatitis C, dice que si Tezanos Pinto y Pérez Bianco no autorizaban el ingreso, el contagio nunca hubiese sucedido. “Los hemofílicos inconscientemente fuimos los propagadores del sida en el país, ponelo bien clarito”, pide Remón.

Juan José Equetino agrupa a algunos hemofílicos, tiene hepatitis C y no puede disimular su bronca: “No desconocían todo, sabían que corríamos riesgo y nos sentenciaron”. Al lado suyo, Echaren, no para de llorar. La enfermedad lo dejó sin trabajo y sin familia. “Lo que más me duele es el tiempo durante el cual no pude ver a mi hijo, nos arruinaron a todos”, recuerda con voz entrecortada. Carlos Alberto Santillán también está infectado con VIH, pero su estado de salud le impidió llegar a la entrevista.

Giadone aseguró que debido a las amenazas ya no es el apoderado de la causa, pero seguirá asesorando.

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Una causa y un fallo polémico

La hemofilia es una enfermedad genética que consiste en la dificultad de la sangre para coagularse adecuadamente. Quienes la padecen sufren la aparición de hemorragias internas y externas, pero con un tratamiento adecuado pueden llevar una vida normal. Gisela Ostrovsky no tenía hemofilia, su novio sí. Gisela contrajo el VIH y murió a los 22 años. Su novio, si bien es portador, está vivo pero perdió contacto con la familia. “Su sentencia estaba firmada pero nadie lo sabía”, dice Miguel Ostrovsky, el padre y querellante que abrió la primera parte de esta causa judicial en 1991. A ellos se unió un matrimonio de hemofílicos que también fue contagiado en condiciones similares. Sólo el padre de Gisela sigue en pie exigiendo justicia, los otros dos están muertos.En ese entonces, el juez Mariano Bergés procesó a los responsables directos de la Fundación para la Hemofilia y de la Asociación Nacional de Medicina. Al poco tiempo, ese mismo magistrado les dictó el sobreseimiento definitivo en la causa caratulada como contagio doloso. Los querellantes apelaron en 1997 pero la Sala VI de la Cámara del Crimen confirmó la decisión de Bergés.